Cómo Chile se deshizo de su salud pública

ACTUALIDAD NACIONAL

Entre 1952 y 1981, el sistema nacional de salud contaba con cobertura universal, gratuidad, y era completamente financiado por el Estado. Pero en la madrugada de la década de los ‘80, gracias a una idea de José Piñera, hermano de Sebastián, la dictadura intervino radicalmente el sistema sanitario, redujo la inversión pública en salud y creó los Institutos de Salud Previsional (Isapres).

Todo tiene un origen. Después de la Segunda Guerra Mundial, se originaron diversos sistemas de salud en todo el planeta, con el objetivo de lograr la cohesión social y amortiguar la lucha de clases. En Francia, la Asamblea Consultiva Provisoria estableció el 5 de julio de 1945 que la seguridad social “responde a la preocupación de liberar a los trabajadores de la incertidumbre sobre el mañana (…) que, genera entre ellos, un sentimiento de inferioridad, fundamento de la distinción de clases entre los propietarios, seguros de sí mismos y de su futuro, y los trabajadores, sobre quienes pesa, en todo momento, la amenaza de la miseria”.

El principio escrito de “derecho a la salud para todos” condujo a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ratificó en 1978. Pero ya en 1883, el canciller alemán Otto von Bismarck, inauguró la seguridad social con el fin de garantizar obreros y trabajadores sanos para enfrentar las duras condiciones de las labores fabriles, potenciando el rendimiento del trabajo. También para contar con soldados duraderos.

Sin embargo, lo que en principio fue una medida tendiente a disciplinar y asegurar la producción y la ganancia capitalista, luego se constituyó en una conquista de los propios asalariados mediante la lucha social y política. Esto hasta la llegada de la década de los ’80, cuando muchas de las iniciativas y logros que cimentaron la seguridad social y la salud pública en buena parte de mundo (el llamado Estado de Bienestar), sufrieron una estratégica involución.

Según el informe de 2008 de la OMS, se afirma que “las políticas de ajuste estructural impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han hecho tambalear seriamente el sistema de salud pública; la brecha entre la oferta de la atención privada y pública se profundizó.” Y añade que “la mercantilización no regulada de los sistemas de salud los hace muy ineficaces y muy caros; acentúa las desigualdades y lleva a una atención que es incluso hasta peligrosa”.

El mismo fenómeno dio pie a las privatizaciones de los recursos naturales y la industria. En la salud, el mercado terminó imponiendo los mejores servicios sanitarios al segmento social que pueda costearlo, dejando el sistema público sin recursos y obligado a atender a la mayoría de la gente.

LAS ISAPRES

En Chile, un 73 % de de la gente pertenece al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), un 17 % a Isapres, y un 10 % a ninguno de los dos.

Para Fonasa, se descuenta el 7 % del cotizante, por planilla o voluntariamente, y para Isapres, como piso, un 7 %, pero en la realidad, sumando los co pagos, adicionales y otros, la administración privada cobra entre un 10 % a un 14 % del salario.

Según Camilo Cid, Doctor en Economía, “cuando la contribución (o prima) está restringida a los que tienen recursos para pagarlas y no hay regulaciones del mercado privado (Isapres), se generan incentivos a la selección de riesgos.”

Cid afirma que la selección de riesgos es un grave problema en Chile y causa inequidad en el acceso a la salud porque promueve la segmentación de los beneficiarios, atenta contra el principio de solidaridad y es socialmente ineficiente.

Camilo Cid concluye: “queda demostrado que en un mercado competitivo de seguros de salud, sin regulación como el chileno, las primas asociadas a riesgos serán altas para los adultos mayores, para los enfermos crónicos, las mujeres en edad fértil y las familias numerosas, y menos caras para los jóvenes, los solteros y las familias pequeñas.”

En buenas cuentas, las Isapres son caras, poco eficientes, no hay libre elección debido a las preexistencias o a los clientes cautivos por la edad, son discriminatorias y antisociales, pero resultan un excelente negocio para sus propietarios, a los cuales por tal motivo (económico) no les interesa atender a las personas de alto riesgo, como a los enfermos crónicos, gente con dolencias preexistentes y, naturalmente, a los trabajadores de ingresos bajos y medios, o a los más pobres.

LAS CARENCIAS

En 1979, el régimen militar, mediante un decreto ley, sentó las bases del actual Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En 1980, la dictadura trasladó los consultorios primarios de salud a las municipalidades, entregándoles también su propiedad y bienes. Y junto con la creación de las Isapres, las medidas de Pinochet estuvieron orientadas a la privatización total del sistema de salud.

Recién el 2004 se estableció la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, AUGE, que creó un sistema de garantías explícitas de acceso financiado para una “canasta” que hoy cubre 56 enfermedades. No obstante, la reforma de la Concertación no innovó en relación a los consultorios de atención primaria, los cuales todavía dependen de los municipios.

Ello se traduce en que la mayoría de las comunas del país, que son pobres, tienen una salud primaria deficiente. Asimismo, existe una abierta discriminación entre los pacientes AUGE y los no AUGE; y se ha revelado la falta de camas y de recursos humanos. De hecho, en la Atención Primaria de Salud falta el doble de médicos para cubrir la demanda; el 40 % de los doctores llega apenas al año en los consultorios públicos, y el 60 % no supera los 3 años de antigüedad.

Progresivamente, el mayor número de médicos del país se ha ido concentrando fuera del sistema público. Y la tendencia se incrementa cuando los doctores se especializan. Asimismo, existen significativas falencias en especialidades como Medicina Intensiva, Geriatría, Anestesiología, Imagenología, Oncología; y en los hospitales públicos se carece de, por lo menos, 600 enfermeras en las Unidades de Cuidados Intensivos.

El motivo de esta debacle lo encontramos en el informe de la OMS de 2009: la inversión en salud de Chile cayó a 5,3 % del PIB en 2006, respecto del 6,2 % que registraba en 2000. Una situación alarmante si consideramos que la inversión fiscal está destinada a atender al 73 % de la población.

TRABAJADORES DE LA SALUD DENUNCIAN OFENSIVA FINAL DE PRIVATIZACIÓN TOTAL

Según Roberto Alarcón, presidente de los trabajadores de la salud agremiados en la Confenats, los gobiernos de la Concertación, y en especial el de Ricardo Lagos, “se resumió en meterle plata de todos los chilenos a los privados. También creó convenios para que se atiendan pacientes privados dentro de los hospitales públicos. Eso está ocurriendo ahora, más allá de las concesiones. Hoy la atención de salud ya está privatizada. Los médicos trabajan unas horas en los hospitales en la mañana, y todo lo que no alcanzan a hacer temprano, lo realizan en la tarde dentro del mismo hospital, pero con pacientes privados. Sus contratos son de 22 horas, no de 44 con el hospital público. Y el hospital presta toda la infraestructura y el equipamiento para el servicio a particulares.”

Alarcón apunta y señala: “Los empresarios aplaudieron a Lagos por el famoso Plan Auge, porque la derecha sabe que el sistema público no está en condiciones de atender esa canasta de prestaciones debido a que los especialistas son los mismos en el sector público que en el privado. Además, como sólo las prestaciones Auge están financiadas, únicamente si la enfermedad de la persona está en la canasta, se le atiende. Pero la persona cuya dolencia no está en el Auge, aunque llegue muriéndose, no se le atiende porque no le significa plata al hospital. Esa es la persona que lleva esperando dos o tres años para ser atendido, 600 mil chilenos en estos momentos”.

¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales? Alarcón explica: “Con la ley de 2009, los 56 hospitales de mayor complejidad (El Salvador, Barros Luco, Exequiel González, Félix Bulnes, Roberto del Río, San José y todos los hospitales cabecera de regiones) se deben autogestionar, es decir, se convirtieron en empresas. El director del hospital ahora es un gerente que debe cumplir con ciertas metas por las que es evaluado permanentemente. Entonces debe producir con los propios enfermos. Esa es su materia prima. Si no, se cierra el establecimiento. Con eso la salud dejó de ser un derecho social.”

Roberto Alarcón alerta que con el actual sistema de concesiones hospitalarias que comenzó la Concertación y que Piñera profundiza, aprovechando ahora los efectos del terremoto, “no es sólo una cuestión de poner los ladrillos, sino que según la ley votada el 15 de enero de 2010, los privados pueden meterse en la administración de los hospitales. Es decir, los privados están facultados para hacer funcionar el hospital; contratar gente; vender servicios; decidir cuántas camas van a particulares y cuántas a pacientes públicos. Además, las empresas exigen encargarse de los servicios de lavandería, alimentación, laboratorio, farmacia, etc. Y de ahí a que se tomen toda la parte clínica hay un paso. Eso es lo más delicado.”

El sistema de salud público en Chile está en riesgo desde hace tiempo. Sin embargo, ahora mismo vive horas cruciales con respecto a su sobrevivencia o su definitiva privatización.

Agencia Medio a Medio
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Publicado el Viernes 10 Febrero 2012 a las 11:01 am en la categoría Denunciante, Portada.